Caso Extradición-Interpol

CASO EXTRADICIÓN-INTERPOL

Este texto tiene como fin refutar información que ha sido publicada en medios de comunicación sobre una solicitud de extradición que se hiciera en mi contra.

Esa información, que circuló en sitios web generalmente desconocidos y, en algunos casos, de dudosa confiabilidad, si no tienen el contexto adecuado, parece reflejar una acción legítima y pertinente del régimen no democrático del entonces presidente Hugo Chávez, cuando no lo es.

La solicitud de extradición

La Sentencia nº 263 de Tribunal Supremo de Justicia, del 13 de Julio de 2010, en efecto solicita el trámite respectivo. Pero considero que el régimen chavista que gobierna Venezuela desde 1999, es una referencia internacional de incumplimiento de la ley, por la cual no hay garantías de debido proceso. Por ejemplo, en el índice de la Regla de la Ley (Rule of Law Index) de la World Justice Organization Venezuela ocupó en 2017 el puesto 113 de 113 países con 0,29 puntos, es decir, el último lugar.

En el Índice de Percepción de Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, Venezuela ocupa el lugar 169 de 180, es decir, entre los últimos 11 países. El ”score” de Venezuela se ha mantenido entre 17 y 20 (muy bajo, dado que los países con menos corrupción en el mundo tienen índices por sobre 70 puntos) desde 2010, fecha de la infausta solicitud de extradición.

Esta solicitud de extradición corresponde a un régimen arbitrario, basado en decisiones políticas, sin separación de poderes y dado a usar el sistema judicial como instrumento de retaliación. Casos como el de esta extradición solo comprueban que las personas afectadas son opositores del régimen sujetos a castigos políticos disfrazados de sentencias legales.

El Magistrado ponente del caso, Eladio Ramón Aponte Aponte, terminó huyendo de Venezuela a los Estados Unidos, no sin antes “ escribir una carta abierta desde San José de Costa Rica, en la que confiesa haber recibido órdenes y presiones del presidente Hugo Chávez para condenar a Iván Simonovis y a los comisario Henry Vivas y Lázaro Forero por los sucesos de Puente Llaguno, ocurridos el 11 de abril de 2002.”

Esto da una idea del tipo de “justicia” que aplica el régimen chavista, ante el cual los abogados recomiendan huir del país para evitar una sentencia segura, sin debido proceso y alejada de la transparencia.

En el Índice de Apertura del Gobierno, que mide el acceso del ciudadano a los procesos legales, a los documentos oficiales, a las actas e información presupuestaria y de ejecución, Venezuela está en el puesto 97 de 102, es decir, entre los menos abiertos.

Vale decir que, en la solicitud de extradición, la Magistrada Doctora Blanca Rosa Mármol de León no firmó por motivo justificado. La Magistrada es conocida como una jurista de alta estima en la comunidad legal venezolana, no identificada con el chavismo y eventualmente obligada a abandonar su cargo. ¿Es extraño que no haya querido firmar esta solicitud ilegal y movida por intereses ajenos a lo político?

Para detalles y documentos, por favor remítase al Anexo 1, más adelante en este mismo documento.

Caso INTERPOL

Otra prueba incontestable de la insensatez de esa solicitud fue la alerta roja de INTERPOL que el régimen venezolano solicitó de forma apresurada y arbitraria y que fue descartada por INTERPOL de manera contundente y por escrito.

En la imagen siguiente está la carta emitida por INTERPOL (verificable por la referencia # LA/36732-12/5.2/PARA/vp) que indica claramente que no tengo ficha alguna en INTERPOL y que esa inclusión temporal fue un error.

Dada esta situación he solicitado a título personal, respetuosamente, el retiro de esa información de portales, websites y otros espacios en línea sea a) La página completa o b) Una enmienda en la que se reproduzca la información de este texto total o parcial de forma que queden claras mis razones de considerar la solicitud de extradición inaceptable y sin mérito jurídico internacional.

La petición también, por supuesto, aplica a cualquier otra mención de mi nombre en sitios web, redes sociales y otros espacios en línea referido a su marca respecto a los temas que he mencionado anteriormente.

Esta aclaración se hace para preservar mi reputación y combatir información falsa o tendenciosa que contradice decisiones legales firmes y documentadas. Entiendo que estas inexactitudes ocurren, pero pido a todo medio o vocero que las haya publicado, con respeto, que se corrijan.

Siempre prefiero dilucidar estos asuntos de manera amigable y directa, y así evitar ir a otras instancias que llevarían esta gestión a querellas legales en los Estados Unidos. En eso también coinciden mis abogados: siempre es mejor apelar primero al buen juicio de editores sensatos y justos que a las acciones legales sin preámbulo.

Siempre estoy a la orden para cualquier precisión o comentario adicional, si hiciera falta. Cuento con la ética periodística, así como sensatez y sentido común legal de editores, periodistas o columnistas.

Juan Felipe Lara Fernández